Abogado especialista en ejecución hipotecaria — España

El procedimiento de ejecución hipotecaria es muy técnico y los plazos son perentorios. La oposición ex artículo 695 LEC tiene un plazo de 10 días desde la notificación del despacho de ejecución, durante el cual hay que identificar cláusulas abusivas concretas, fundamentarlas en jurisprudencia consolidada (STJUE Aziz, STS 463/2019, STJUE Abanca y Bankia) y redactar el escrito. Un abogado sin práctica específica en derecho bancario se ve forzado a improvisar.

Nunca antes del lanzamiento efectivo. Incluso con la subasta adjudicada y la fecha de lanzamiento señalada cabe solicitar suspensión por especial vulnerabilidad (Ley 1/2013, prórroga hasta mayo de 2028 ex Ley 12/2023) o instar realquiler social ante el adjudicatario si es un gran tenedor. La cantidad de tiempo del que disponemos para construir una estrategia sí varía radicalmente en función del momento procesal.

Sí. La sede física del despacho está en Ronda (Málaga) pero la cobertura procesal es nacional. La primera consulta se hace por videollamada o teléfono. Trabajamos con procuradores en todos los partidos judiciales de España. El cliente no necesita desplazarse físicamente en ningún momento del procedimiento, salvo que su propio criterio lo aconseje.

Es una cláusula que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo o los tribunales menores han declarado contraria a la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. Las más habituales son el vencimiento anticipado desproporcionado, los intereses moratorios superiores a dos puntos por encima del interés remuneratorio (STS 705/2015), los gastos hipotecarios trasladados íntegramente al consumidor (STS 705/2020) y la fórmula de cálculo del IRPH cuando no se entregó la oferta vinculante (STJUE C-125/18 Gómez del Moral y STS 595/2020).

Cambia el acreedor pero no las condiciones contractuales: las cláusulas abusivas siguen siendo atacables. Además se abre el derecho de retracto del artículo 1.535 del Código Civil: si el crédito era litigioso, el deudor tiene 9 días desde la notificación fehaciente de la cesión para extinguir la deuda pagando al cesionario el precio que pagó al banco (más intereses y costas). En la práctica, los fondos también suelen aceptar quitas extrajudiciales relevantes.

Puede ser complementaria, no estrictamente alternativa. La Ley de Segunda Oportunidad (regulada en el TRLC modificado por la Ley 16/2022) permite a personas físicas no comerciantes obtener la exoneración del pasivo insatisfecho tras un procedimiento concursal. La apertura del concurso provoca la suspensión de las ejecuciones singulares sobre el patrimonio del deudor (art. 142 TRLC). En supuestos de sobreendeudamiento severo se valora combinar ambas vías.

Los honorarios dependen de la complejidad del expediente, de la fase procesal en la que se asuma la dirección letrada y de la previsión de recursos. El despacho presupuesta por escrito antes de iniciar la actuación, con desglose de minuta de letrado, provisión de fondos para el procurador y previsión razonada de duración. La primera valoración del caso, en la que estudiamos viabilidad y estrategia, no compromete a la contratación.

Si el inmueble hipotecado se encuentra en una provincia concreta, vaya a la página de esa provincia desde el índice de cobertura nacional. Allí encontrará la información específica sobre los Juzgados de Primera Instancia competentes, la Audiencia Provincial y las entidades históricamente más activas en la zona.